La Cámara de Apelaciones confirmó el avance a juicio oral de la investigación por presunta corrupción policial dentro de la Delegación de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. La fiscalía analiza apelar el fallo.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal resolvió elevar a juicio la causa que investiga una presunta red de corrupción policial dentro de la Delegación de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, pero dispuso el sobreseimiento parcial de los jefes de la dependencia, el comisario Leandro Alfredo Pibouleau y la subcomisaria Paola Clayre Reynaldo, en relación con el delito de asociación ilícita.
Los jueces Marcelo Madina y Adrián Angulo sostuvieron que las maniobras investigada por el fiscal Marcos Pagella son de una gravedad institucional indiscutible, pero que no reúnen las condiciones típicas de una “banda” organizada con jerarquía y plan criminal común, por lo que no puede calificarse como asociación ilícita.
El fallo distingue dos grupos de conductas delictivas cometidas:
Según la resolución, ambas prácticas coexistieron en el tiempo, pero no formaban parte de una única organización criminal con conducción común, como había planteado la fiscalía.
“No se configuró una asociación delictiva con plan criminal general, sino un esquema extendido de corrupción interna y defraudación al Estado”, sostuvo el juez Madina en su voto.
El fallo de la Cámara confirmó la elevación a juicio de diez policías por distintos hechos de corrupción, fraude y abuso de autoridad ocurridos entre enero y julio de 2024.
Claudio Damián Pontoriero, exjefe de la Delegación de Drogas Ilícitas: principal acusado. Enfrentará cargos por defraudación a la administración pública, exacciones ilegales, coacción, hurto calificado y falsificación ideológica de instrumento público. Durante su gestión fue hallada en su despacho una valija con más de $620 mil en efectivo.
Leandro Alfredo Pibouleau, exjefe de la delegación: sobreseído por asociación ilícita, pero irá a juicio por defraudación, exacciones ilegales y coacción vinculadas al sistema de retornos de horas CORES y viáticos.
Paola Clayre Reynaldo, exsegunda jefa: también sobreseída por asociación ilícita; procesada por defraudación y coacción por su rol en la recaudación de retornos.
Cristian Jonatan Battistessa, subcomisario y jefe de Operaciones durante la gestión Pontoriero: señalado como recaudador de los retornos ilegales de los agentes. Irá a juicio por asociación ilícita, hurto calificado y falsificación de instrumento público.
Débora Mariana Durand, oficial ayudante: imputada por asociación ilícita, hurto calificado y falsificación ideológica de instrumento público en los procedimientos bajo la gestión Pontoriero.
Lucas Agustín Barreiro, sargento: acusado por su participación en los robos durante allanamientos y falsificación de actas.
Leonardo Juan Mariño, oficial subayudante: imputado por hurto calificado y falsificación de documentos públicos, además de su participación en el sistema de retornos.
Jonatan Gastón Aguirre, sargento: uno de los operativos involucrados en la sustracción de dinero y en las conversaciones que revelaron las maniobras.
Joel Julián Paglione, sargento: procesado por asociación ilícita, hurto y falsificación; su nombre aparece en múltiples mensajes donde se organizaban los retornos.
Carla Daniela Navarro, sargento: acusada de haber participado en el reparto del dinero sustraído y en la planificación de allanamientos falsos.
El juez Marcelo Madina explicó que, aunque se verificaron maniobras reiteradas de recaudación ilegal, el esquema descripto por la fiscalía no cumple con los requisitos típicos de una asociación ilícita.
Según el fallo, el sistema de retornos de horas y viáticos involucraba a una gran cantidad de agentes —más de veinte según el informe del CATI— y funcionaba como una práctica extendida dentro de la estructura policial, pero sin la existencia de un acuerdo criminal previo ni una división jerárquica orientada a cometer delitos en serie.
Por ese motivo, el tribunal consideró que las conductas deben juzgarse como hechos de corrupción y defraudación al Estado, no como una organización criminal. “Los subordinados no fueron víctimas sino partícipes de la maniobra”, subrayó el voto mayoritario.
La investigación reunió escuchas telefónicas, transferencias bancarias, testimonios y secuestros de dinero que documentan el funcionamiento del sistema de retornos.
En una de las conversaciones, un agente le advierte a otro: “Tenemos que juntar la plata antes de las seis para darle a la jefa”. En otra, un efectivo aclara que “el lunes tengo que juntar lo de las CORES”, lo que revela la periodicidad del mecanismo.
El testimonio de un oficial fue considerado determinante: reconoció haber entregado dinero en mano a Reynaldo durante la gestión de Pibouleau y luego a Battistessa cuando asumió Pontoriero.
La investigación judicial reconstruyó seis episodios que, entre enero y julio de 2024, revelan un entramado de corrupción, extorsión y falsificación dentro de la Delegación de Drogas Ilícitas de Mar del Plata.
Los hechos abarcan dos gestiones consecutivas: primero la del comisario Leandro Pibouleau y su segunda, la subcomisaria Paola Clayre Reynaldo; luego, la del comisario Claudio Pontoriero, que los sucedió en el cargo.
El sistema de retornos ilegales
Según la investigación del fiscal Pagella, durante ambas gestiones funcionó un mecanismo estable de recaudación de dinero a partir de las llamadas horas CORES (Compensación por Recargo de Servicio) y de los viáticos abonados por el Operativo Sol.
Los jefes designaban discrecionalmente qué policías podían acceder a esos adicionales y, luego, les exigían entre el 50% y el 70% del dinero cobrado, bajo amenaza de trasladarlos o sancionarlos.
Los pagos se realizaban en efectivo, muchas veces en el propio edificio de la delegación, y eran recaudados por los jefes de operaciones, primero por Reynaldo y luego por Battistessa, quien reemplazó a la subcomisaria cuando asumió Pontoriero.
Las escuchas revelaron frases como “tenemos que juntar la plata para Paola” o “el lunes tengo que juntar lo de las CORES”.”, y los investigadores detectaron transferencias bancarias y movimientos coincidentes con los montos mencionados.
Los viáticos del Operativo Sol
El mismo esquema se replicó con los viáticos que los agentes cobraban por tareas en la costa atlántica. De cada depósito, debían devolver la mitad a sus superiores.
En una conversación incluida en el expediente, un agente escribió: “Ya lo dijo Pibouleau en la charla la vez que estábamos en la cocina, que tengamos la plata lista y que a la mañana la tenemos que llevar, incluso dijo que tengamos la plata preparada de antemano y que cuando nos depositan ya sabemos que la tenemos que entregar“.
Incluso, se documentaron transferencias directas a la cuenta del comisario y de su esposa, por montos que equivalían exactamente al 50% de los viáticos cobrados.
Robo de dinero y “plantado” de droga
En abril de 2024, durante un allanamiento en una vivienda de la calle López de Gomara, un grupo de agentes —entre ellos Mariño, Paglione y Aguirre— se habría apoderado de unos 350 mil pesos que estaban en un placard.
Luego falsearon el acta del procedimiento consignando una suma inferior y, según la acusación fiscal, “plantaron” material estupefaciente para simular un éxito operativo.
Aunque los jefes Pibouleau y Reynaldo no participaron directamente, los fiscales sostienen que recibieron parte del dinero sustraído.
La continuidad con el cambio de mando
Tras el relevo de la cúpula, las prácticas ilegales continuaron bajo la jefatura de Pontoriero.
El nuevo comisario mantuvo el esquema de retornos de horas CORES y beneficios indebidos, apoyado en el subcomisario Battistessa, quien organizaba la recaudación y distribuía los porcentajes entre los grupos operativos.
Mensajes hallados en los teléfonos de los agentes muestran que los pagos eran rutinarios y mensuales, y que la “entrega al jefe” se consideraba parte del funcionamiento normal de la delegación.
Robo durante otro allanamiento
En junio de 2024, otro procedimiento en una vivienda de San Luis al 2300 derivó en la sustracción de unos 300 mil pesos del dinero secuestrado, además de la falsificación del acta oficial para encubrir la maniobra.
El dinero, según la investigación, fue repartido entre Pontoriero, Battistessa, Durand, Mariño, Barreiro, Aguirre y Paglione, junto con la sargento Carla Navarro, que habría participado de la planificación previa.
El hallazgo en el despacho del jefe
Cuando la causa estalló y se ordenaron allanamientos a la propia sede de la delegación, los investigadores encontraron en el despacho privado de Pontoriero una valija con $623.500 en efectivo, además de un arma reglamentaria y ropa personal.
El comisario dijo que se trataba de “ahorros personales”, pero los peritajes bancarios revelaron que no había registros de extracciones por esa suma y que el monto coincidía casi exactamente con el 50% de las horas CORES asignadas ese mes.
Para los jueces, ese dinero es un indicio clave de la recaudación interna, aunque su valoración definitiva quedará para el debate oral.
Los hechos ocurrieron entre enero y julio de 2024, durante las gestiones sucesivas de Pibouleau-Reynaldo y Pontoriero al frente de la Delegación de Drogas Ilícitas.
La causa seguirá ahora hacia el juicio oral, donde se debatirá la responsabilidad penal de los diez policías imputados.
Fuentes judiciales anticiparon que el fiscal Marcos Pagella, con el apoyo del fiscal general Fabián Fernández Garello, analiza apelar el sobreseimiento de los jefes por asociación ilícita, al considerar que eran quienes dirigían la estructura recaudatoria dentro de la dependencia.